Temas: Castilla y León, Crisis del coronavirus, Política

La Junta de Castilla y León movilizará, en el marco del Consejo del Diálogo Social, un plan de choque dotado con 220 millones de euros para proteger el empleo, a los autónomos, empresas y familias ante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. El acuerdo ha sido suscrito ayer, miércoles 25 de marzo, por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sindicatos CCOO y UGT y la patronal Cecale. Con este plan, pendiente de su publicación en el BOCYL, se trata de garantizar la cohesión económica y social ante el impacto del virus en la actividad económica.

Este acuerdo se articula en seis bloques:

• Medidas de protección y mantenimiento del empleo.
• Medidas para la prevención de riesgos laborales.
• Medidas de carácter financiero.
• Medidas de refuerzo para la actividad empresarial.
• Medidas de protección social.
• Políticas activas de empleo

A continuación, exponemos los puntos principales del mismo:

• Protección y el mantenimiento del empleo e incluye un conjunto de medidas para ayudar tanto a los trabajadores como a las pymes y a los autónomos, con compensaciones económicas para los trabajadores que se vean afectados por ERTEs. Ayudas a la conciliación cuando estos se vean obligados a reducir su jornada de trabajo o a solicitar la excedencia; ampliando la protección de los trabajadores de más de 55 años, y de los desempleados que, ante esta situación, no perciban ningún tipo de prestación o subsidio; prestando un servicio más ágil a empresas y autónomos, mediante la tramitación telemática de los ERTEs y la simplificación del procedimiento.
• Apoyo económico a autónomos, micropymes y pymes que incrementen sus plantillas para atender carga de trabajo derivada del Covid-19. La preferencia a las ayudas a la inversión en la industria agroalimentaria, cuando sus plantillas se hayan visto afectadas por el coronavirus; la ayuda a la modernización y digitalización de establecimientos comerciales, y garantizando el abastecimiento de productos de primera necesidad en el medio rural, con financiación de proyectos de establecimientos comerciales.
• Apoyo a los emprendedores acogidos a la tarifa plana estatal, mediante la reducción de las cuotas de la Seguridad Social hasta 60 euros con carácter general que aplicará la Junta para la consolidación del trabajo autónomo durante 6 meses; a los autónomos, a los que, habiendo cesado su actividad decidan reincorporase, con una ayuda equivalente al 40% de la cuota la Seguridad Social, durante los 3 primeros meses, y a los que habiendo cesado definitivamente, no perciban ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo. Asimismo, se establecen ayudas de hasta 5.000 euros para los trabajadores por cuenta propia que abandonen su actividad durante la crisis, y decidan emprender un nuevo negocio.
• Prevención de riesgos laborales, con 2 millones de euros, para que las empresas puedan priorizar la máxima protección de la salud de los trabajadores.
• Medidas de carácter financiero, como el aplazamiento de impuestos a empresas y familias con un impacto de 42 millones, así como la inyección de liquidez y crédito por importe de 100 millones de euros.
• Servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial con un importe de 320.000 euros, informando y resolviendo consultas a empresas, reforzando la Red Exterior de la Junta de Castilla y León; buscando nuevos proveedores cuando se haya visto interrumpida la cadena de suministros, o ampliando los plazos de presentación y pago de impuestos gestionados por la Administración Autonómica.
• Medidas de protección social. Se destinan recursos por importe de 8 millones de euros. Medidas que tienen por objeto garantizar la prestación de los servicios, adaptados a las nuevas circunstancias generadas por la crisis del coronavirus; protegiendo la salud tanto de las personas usuarias, como de los trabajadores; apostando por la dependencia, por el refuerzo de la teleasistencia y la atención domiciliaria, y por la actividad de los Centros de Atención Residencial; habilitando medidas adicionales para proporcionar una alimentación adecuada a la población infantil en situación de vulnerabilidad o pobreza; examinando el posible incremento de beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía; y garantizando el acceso a las prestaciones esenciales dentro de la Red de Protección a Personas y Familia en situación de vulnerabilidad.